El retiro se produjo mientras persistía una disputa prolongada sobre la legitimidad y el alcance de las investigaciones iniciadas por el tribunal, que responsabilizaban a altos funcionarios del país por presuntos delitos graves
Venezuela hizo oficial su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional, tras informar a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que ya no reconoce la jurisdicción del tribunal. El gobierno presentó esta decisión como respuesta a lo que calificó de trato parcial y justicia internacional sesgada, que, según su canciller, concentró sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos.
La salida se produjo en medio de una disputa prolongada sobre el alcance y la legitimidad de las pesquisas de la CPI en torno a crímenes de lesa humanidad atribuidos a funcionarios venezolanos.
El canciller Félix Plasencia explicó que la decisión respondió a la convicción de que la Corte no actuó con equidad, sino que puso sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y vulneró el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía.
El gobierno de transición sostuvo que la concentración de investigaciones sobre países del sur global no fue casualidad procesal, sino un patrón que perpetuó desigualdades y agravó la situación de Venezuela. Plasencia afirmó que el retiro representa un rechazo a la instrumentalización de la justicia internacional y al uso de la CPI como herramienta de lawfare, figura que el gobierno venezolano asoció a una persecución política.
La medida llegó después de que el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobara por unanimidad en diciembre una ley que derogó la adhesión del país al Estatuto de Roma. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, justificó la norma como una denuncia ante el mundo de la inutilidad y el vasallaje de la Corte Penal Internacional.
El Parlamento actuó tras el cierre de la oficina técnica de la CPI en Caracas, dispuesto por la Fiscalía del tribunal ante la falta de avances reales de Venezuela en sus obligaciones bajo el principio de complementariedad, que exige a los Estados investigar seriamente los crímenes imputados antes de que intervenga el tribunal internacional.
La investigación formal de la CPI sobre Venezuela se abrió en 2018, a partir de una remisión presentada por varios países, y se centró en denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. La dictadura de Nicolás Maduro intentó frenar el avance del caso alegando que el sistema judicial venezolano llevaba adelante investigaciones internas suficientes, pero la Corte descartó esos argumentos en 2023 y reanudó la investigación.
La decisión de abandonar la Corte fue comunicada personalmente por el canciller Félix Plasencia al secretario general de la ONU, António Guterres, siguiendo instrucciones de Delcy Rodríguez, quien ocupa la presidencia encargada de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. El comunicado oficial insistió en que Venezuela mantiene su compromiso con una justicia equitativa y respetuosa de la soberanía nacional, pero rechaza la legitimidad de la CPI para intervenir en sus asuntos internos.
En 2020, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, había señalado que existían bases razonables para creer que funcionarios y militares venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad desde 2017, lo que dio paso a la apertura de una investigación formal.
