Las cuatro instituciones se reunieron por segunda vez para definir instrumentos bursátiles que permitan levantar capital destinado a reparar viviendas e infraestructura, mientras el PNUD calcula los daños directos en 6.700 millones de dólares.
La Bolsa de Valores de Caracas (BVC), la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) firmaron un acuerdo para impulsar la reconstrucción de la infraestructura dañada por los terremotos del 24 de junio y reactivar el desarrollo habitacional en el país.
El anuncio se produjo este 27 de julio durante el II Encuentro Sectorial: Financiamiento y Desarrollo, la segunda reunión de este tipo desde que ambas instituciones comenzaron a explorar, tras el sismo, cómo canalizar capital privado hacia la recuperación de viviendas.
Qué se acordó
Las cuatro instituciones coincidieron en analizar mecanismos concretos del mercado de valores para conectar capital, tanto nacional como extranjero, con las necesidades urgentes de reconstrucción de viviendas y obras afectadas. José Grasso Vecchio, presidente de la BVC, describió al sector bursátil como un puente entre inversionistas y promotores inmobiliarios, y destacó el papel que podrían jugar los bonos temáticos, verdes y sociales para atraer ese capital hacia fondos de inversión con un propósito definido.
Por parte de Sunaval, el superintendente Carlos Herrera detalló el catálogo de instrumentos que se están evaluando: bonos de reconstrucción, un programa de titularización hipotecaria, fideicomisos bursátiles, acciones preferentes y titularización de alquileres. Según explicó, estos vehículos permiten captar recursos mediante deuda o participaciones accionarias y canalizarlos de forma transparente hacia proyectos de vivienda y reactivación económica.
Desde la Cámara Inmobiliaria, su presidente Pablo González presentó un diagnóstico del sector y anunció avances en un marco jurídico que permitiría a la CIV convertirse en un fondo de inversión regulado, capaz de calificar proyectos y comercializarlos directamente a través de instrumentos de la Bolsa de Valores. La primera vicepresidenta de la CIV, Ingrid Suárez, insistió en que los nuevos proyectos incorporen criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y calificó el encuentro como un punto de partida para una acción conjunta entre los sectores público y privado.
La magnitud del daño, en cifras
El representante residente adjunto del PNUD en Venezuela, Eduardo López-Mancisidor, presentó en el encuentro las cifras que sustentan la urgencia del plan: alrededor de 6.700 millones de dólares en daños físicos directos, equivalentes a cerca del 6 % del Producto Interno Bruto del país, además de 8 millones de personas afectadas y 1,2 millones de toneladas de escombros.
Esa estimación de daños proviene de una evaluación satelital que el PNUD había divulgado semanas antes, basada en la plataforma RAPIDA (Análisis Digital Rápido), que combina inteligencia artificial, sistemas de información geográfica e imágenes de alta resolución tomadas en las primeras 72 horas tras el sismo.
Según el propio PNUD, ese cálculo original se movía en un rango de entre 4.700 y 8.700 millones de dólares, y no incluye los daños a infraestructura pública a gran escala ni los costos totales de reconstrucción, que organismos internacionales estiman podrían multiplicar entre 1,5 y 3 veces el monto de los daños directos.
López-Mancisidor llamó a una recuperación «centrada en lo humano» mediante la alianza entre los sectores público y privado, y mencionó que Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Gobierno nacional trabajan en conjunto en una Evaluación de Necesidades Post Desastre, cuyo objetivo es precisar el alcance total de las pérdidas y las prioridades de asistencia más allá de esta primera estimación satelital.
Qué sigue
Al cierre del encuentro, las cuatro instituciones ratificaron la creación de una mesa técnica de trabajo permanente que dará seguimiento a los esquemas de bonos, fondos de inversión y titularizaciones planteados. El objetivo declarado es construir un ecosistema financiero capaz de movilizar el capital necesario para la reconstrucción y el desarrollo urbano sostenible, aunque ninguna de las instituciones ha precisado todavía montos concretos de colocación, plazos de emisión ni el marco regulatorio final que permitiría a la Cámara Inmobiliaria operar como fondo de inversión.
