El máximo tribunal ordenó repatriar desde Abu Dabi al empresario señalado en el desfalco petrolero a PDVSA, mientras otra implicada en la misma causa lleva casi cuatro años presa sin juicio concluido.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente, el 22 de mayo de 2026, la extradición activa de Carlos Gilberto Vieira Hernández, un empresario venezolano detenido semanas antes en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, y señalado por la Fiscalía como parte de la red que desvió crudo de Petróleos de Venezuela hacia el mercado chino entre 2021 y 2022.
La decisión, contenida en la sentencia N° 324 y firmada por las magistradas Carmen Marisela Castro Gilly, ponente del fallo, Grisel de los Ángeles López de Zacarías y Eulalia Coromoto Guerrero, resuelve un procedimiento abierto luego de que Vieira Hernández pasara más de tres años evadiendo una orden de aprehensión dictada el 11 de octubre de 2022 por el Tribunal Especial Primero de Control con competencia en delitos de terrorismo.
Qué establece la sentencia
De acuerdo con el fallo, al que tuvo acceso este medio, Vieira Hernández enfrenta cargos por tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado y estafa agravada, delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley sobre el Delito de Contrabando y el Código Penal. Tras confirmarse su captura, el Ministerio Público activó los canales de la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas para coordinar el traslado.
El expediente lo ubica como uno de los contactos identificados bajo el alias «Charlie Vieira» en el teléfono de Kristina Antonorsi Quintero, empresaria cuyo caso originó toda la investigación. Según el dictamen forense practicado a ese equipo en septiembre de 2021, las conversaciones muestran gestiones para simular descuentos por baja calidad del crudo y alterar los montos reales de venta mediante documentación editada digitalmente, siempre según lo consignado en actas del propio Ministerio Público.
La trama que originó el caso
Todo arrancó el 1° de septiembre de 2021, cuando la Fiscalía Septuagésima Tercera Nacional abrió una investigación por una denuncia contra Antonorsi. Según ese expediente, ella ofreció a la empresa Arcos Services Ecuador, en consorcio con Well Services Cavallino, intermediar ante el armador Aetos Shipping Ltd para vender dos millones de barriles de crudo en China, cantidad que Arcos Services había recibido de PDVSA como parte de un pago.
El buque designado para el traslado, bautizado NIX 1, zarpó el 9 de abril de 2021 desde la Bahía de Pozuelos, en el complejo petrolero de José, estado Anzoátegui, tras un primer pago de dos millones de dólares a PDVSA. Con los abonos posteriores, el monto total pagado a la estatal rondó los nueve millones de dólares. Sin embargo, la Fiscalía calcula que Arcos Services Ecuador dejó de cancelar a PDVSA alrededor de 33,2 millones de euros por la venta de ese cargamento, cifra que constituye el corazón de la acusación de estafa agravada.
Antonorsi había salido hacia España en 2021 después de que el Tribunal Especial Primero de Control decretara un sobreseimiento sobre la investigación abierta en su contra en ese momento. Regresó al país el 9 de octubre de 2022 y fue detenida al aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira.
Dos días después, un tribunal antiterrorista a cargo del juez Carlos Liendo le imputó legitimación de capitales, contrabando agravado de combustible, tráfico de materiales estratégicos y estafa agravada, los mismos delitos que hoy pesan sobre Vieira Hernández.
Una red más amplia
El expediente judicial vincula a Vieira Hernández con una estructura de mayor tamaño, presuntamente encabezada por el empresario Francisco D’Agostino Casado y Alessandro Bazzoni, y que según el Ministerio Público también integran Héctor Gonzalo Núñez Troyano, Luis Salvador Velásquez Rosas y Leonardo José Rodríguez Suárez, identificado en otro fallo como alias «Cae Suárez». D’Agostino enfrenta por separado una solicitud de extradición hacia España por el esquema conocido como PDVSA Cripto, centrado en la sustracción de buques cargados con crudo venezolano.
Otras sentencias del TSJ relacionadas con esta misma red mencionan a Jesús Alfredo Vergara Betancourt y a Benjamin Waters, este último señalado como comprador habitual de crudo desviado a través de dos empresas registradas en Singapur, «creadas únicamente para simular una actividad comercial lícita», según la resolución judicial.
El otro lado de la misma causa de los derechos humanos en Venezuela
Mientras el Estado presenta el caso como el desmantelamiento de una red de corrupción transnacional, Antonorsi permanece detenida sin que se haya abierto el juicio en su contra, más de tres años y medio después de su captura. Su defensa solicitó en 2024 un avocamiento ante la Sala Penal, argumentando que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal limita a dos años la privación preventiva de libertad sin sentencia firme, plazo ya vencido.
El TSJ negó la solicitud hace apenas unos días, al considerar que el avocamiento no es la vía procesal adecuada para revisar esa situación, aunque reconoció en el propio fallo que el cumplimiento de los lapsos procesales «representa una garantía medular del derecho al debido proceso».
La organización Foro Penal, dedicada a documentar casos de presos políticos y víctimas de la represión en Venezuela, incluye a Antonorsi entre las personas que considera detenidas de forma arbitraria. Su madre denunció públicamente que, pese a contar con defensa privada, no se le ha permitido ejercerla con normalidad, y exigió su liberación junto a la de otros presos políticos.
Lo que continúa sin verificarse
Este medio recibió también una versión distinta sobre Vieira Hernández, según la cual habría sido víctima de un patrón de acoso y extorsión por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde febrero de 2013, habría sido absuelto en diciembre de 2020 y forzado a salir del país en enero de 2021 tras un nuevo hostigamiento, y enfrentaría desde junio de 2023 un proceso judicial que calificaron como violatorio de sus derechos humanos en Venezuela.
Ninguno de estos elementos aparece en la sentencia de extradición ni en la cobertura periodística disponible sobre el caso, que en cambio ubica la orden de captura en su contra en octubre de 2022, vinculada directamente al expediente de Antonorsi. No fue posible ubicar una fuente independiente, documento judicial o pronunciamiento de una organización de derechos humanos en Venezuela que respalde esa cronología alternativa.
Qué sigue
Con la sentencia N° 324 firme, corresponde al Ejecutivo Nacional formalizar el traslado de Vieira Hernández desde Emiratos Árabes Unidos hacia Venezuela, donde deberá ser presentado ante el tribunal competente. En paralelo, el juicio contra Antonorsi continúa sin fecha de apertura conocida, y su defensa evalúa nuevas vías legales para reclamar su libertad.
