Los colectivos de derechos humanos advirtieron que las personas detenidas por razones políticas padecieron malos tratos y falta de resguardo por parte de los oficiales penitenciarios. A su vez, exigieron una inspección transparente de infraestructura de cárceles
A casi un mes de los sismos que devastaron el norte de Venezuela, un grupo de organizaciones humanitarias alertó sobre una situación que califican como una segunda catástrofe superpuesta a la primera: la que enfrentan los presos políticos del país. Los dos movimientos telúricos, de 7,2 y 7,5 grados, golpearon el estado La Guaira el 24 de junio pasado, muy cerca de Caracas, con un saldo oficial que ronda los 5.346 fallecidos y 16.740 personas heridas.
En una conferencia de prensa conjunta, voceros de Amnistía Internacional, Provea y otras agrupaciones cuestionaron la lentitud del gobierno chavista para poner a salvo a los detenidos por motivos políticos cuando ocurrió el desastre. La activista Andreína Baduel, quien habla en nombre del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), fue tajante al señalar que el Estado venezolano falló en reaccionar a tiempo para evacuarlos.
Según su testimonio, en instalaciones como la cárcel militar de Ramo Verde y el centro penitenciario Rodeo I, ambos ubicados en las afueras de la capital, pasaron unos 50 minutos sin que nadie los sacara del lugar tras sentirse el temblor. Baduel, quien tiene a su propio hermano, Josnars Baduel, entre los detenidos, pidió su liberación durante la comparecencia. De acuerdo con el conteo que maneja la organización Foro Penal, todavía hay 372 personas privadas de libertad por causas políticas en el país.
La infraestructura carcelaria tampoco salió indemne. Baduel relató que uno de los pisos de una de las torres de Ramo Verde, el quinto, quedó con daños considerables, y que a los reclusos se les mantiene encerrados en sus celdas bajo amenaza de trasladarlos a otras prisiones si protestan.
Durante el acto, parientes de los detenidos sostuvieron carteles con consignas como «Protección humanitaria» y «Proteger la vida es una obligación», pidiendo que mejoren las condiciones de reclusión y que cesen los maltratos.
El coordinador de Provea, Oscar Murillo, insistió en que la emergencia sanitaria y social provocada por el terremoto no debe servir de excusa para dejar de lado la defensa de los derechos humanos. Para él, este momento representa, en sus palabras, una oportunidad que la historia ofrece para corregir el rumbo.
Las organizaciones también reclamaron formalmente que las autoridades venezolanas autoricen una revisión independiente del estado físico de las cárceles. En un comunicado firmado en conjunto por Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz, pidieron al Estado que permita una evaluación técnica transparente de los recintos penitenciarios que pudieron haber sufrido daños por los sismos.
Ese mismo documento, difundido en el marco de la campaña por la liberación de los presos políticos, solicita además que se autorice sin demora el ingreso de entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Entre otras peticiones, las organizaciones plantearon que se garantice el acceso regular de familiares y abogados a los centros de reclusión, que se brinde atención médica oportuna a los internos y que se difunda información pública y transparente, en respuesta a denuncias sobre la suspensión de las visitas.
El propósito detrás de todas estas exigencias es poder verificar de manera independiente en qué condiciones se encuentran los reclusos y cuál es su estado de salud actual.
Al leer el comunicado, Martha Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela no puede servir como pretexto para postergar la agenda de derechos humanos, sino que, por el contrario, deja en evidencia que proteger la vida depende de que se restablezcan las garantías constitucionales, funcionen las instituciones y se respeten sin excepciones los derechos fundamentales.
En el terreno político, Delcy Rodríguez ocupa la presidencia encargada de Venezuela desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos. En febrero, la mandataria puso en marcha una ley de amnistía orientada a excarcelar a cientos de detenidos, aunque diversos especialistas han cuestionado su alcance por considerarlo insuficiente.
