El equipo legal asegura que agentes de la DGCIM lo llevaron desde un restaurante para una entrevista y horas después quedó incomunicado, sin constancia de una orden judicial ni un supuesto de flagrancia
Las detenciones arbitrarias, las restricciones al derecho a la defensa, los procesos judiciales que se prolongan indefinidamente y el uso extendido de la prisión preventiva forman parte de un patrón que distintos organismos internacionales de derechos humanos han denunciado repetidamente en Venezuela en relación con presos políticos y personas detenidas por motivos de conciencia. Eso es, justamente, lo que la defensa del abogado José Ignacio Moreno Suárez asegura que le ocurrió a él. Detenido desde junio de 2023 tras representar en Venezuela a la minera Gold Reserve Inc., su caso acumula, según sus abogados, presuntas violaciones al debido proceso, y la acusación en su contra terminó, sostienen, criminalizando el simple ejercicio de su profesión.
Moreno Suárez permanece recluido desde el 4 de junio de 2023 en el Centro Penitenciario Judicial El Rodeo I. La Fiscalía lo acusa de traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, cargos vinculados a su labor como representante legal en Venezuela de Gold Reserve Inc., empresa que mantiene un litigio internacional contra el Estado venezolano por el proyecto aurífero Brisas-Cristinas.
Para el abogado constitucionalista José Loreto Carpio, integrante del equipo de defensa, las irregularidades más graves no están únicamente en la acusación en sí, sino en la manera en que se desarrolló todo el proceso.
Una detención ilegal
Según el expediente, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) abordaron a Moreno Suárez mientras almorzaba en un restaurante de Caracas y le pidieron que los acompañara para una entrevista. Horas más tarde quedó privado de libertad. Para Loreto, ese solo hecho ya constituye una primera irregularidad.
En entrevista con Infobae, el abogado explicó que la Constitución exige que una persona solo pueda ser detenida mediante orden judicial o en situación de flagrancia, y que a Moreno no lo capturaron cometiendo ningún delito, sino mientras comía.
La defensa sostiene, además, que el acta policial no menciona ninguna orden de captura emitida por un tribunal, por lo que considera que el procedimiento no se ajusta a ninguno de los supuestos que la legislación venezolana contempla para una detención inmediata.
Restricciones al derecho a la defensa
Loreto afirma que, tras su detención, Moreno Suárez pasó cerca de 45 días sin poder reunirse con abogados de su confianza, mientras la investigación avanzaba con un defensor público asignado.
Durante ese período, según la defensa, tampoco tuvo acceso al expediente ni a las pruebas que manejaba la Fiscalía. Loreto resume que nunca vio el expediente, nunca contó con abogados de confianza y nunca fue presentado ante un juez.
Cuando el equipo defensor finalmente logró entrevistarlo, más de cuatro meses después del arresto, las restricciones seguían vigentes. De acuerdo con Loreto, durante las visitas no se permitía llevar documentos, papel, lápiz ni ningún otro material para preparar la estrategia legal, lo que a su juicio afectó directamente el derecho a una defensa efectiva.
La prisión preventiva supera el plazo legal
El principal argumento jurídico de la defensa gira en torno a la duración de la prisión preventiva. Loreto explica que el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) fija un límite de dos años para esta medida, salvo una prórroga excepcional debidamente justificada.
A su juicio, ese solo hecho bastaría para sostener que la medida que pesa sobre Moreno es arbitraria y claramente ilegal.
La defensa solicitó el decaimiento de la medida privativa de libertad al considerar vencido el plazo legal, pero el tribunal rechazó la petición, argumentando que las circunstancias que motivaron la detención no habían variado. Esa decisión fue apelada.
Loreto cuestiona ese argumento y señala que cuando lo detuvieron no llevaba ni un día preso, mientras que hoy acumula más de tres años esperando un juicio, precisamente el elemento que sí cambió con el tiempo.
Cuestionamientos sobre las pruebas
La defensa también pone en duda el origen de la investigación y los elementos probatorios que forman parte del expediente.
Según la acusación, la identificación de Moreno Suárez surgió a partir de la declaración de otro detenido que colaboró con las autoridades. Posteriormente se incorporaron como pruebas una gorra con el logotipo de Gold Reserve, una copia del laudo arbitral del litigio internacional y un supuesto correo electrónico enviado a una periodista.
Loreto asegura que la defensa nunca logró acceder a ese correo electrónico, pese a haberlo solicitado en múltiples oportunidades.
El abogado resume que, al final, el sustento oficial de la prisión se reduce a una gorra, un documento arbitral de acceso público y un correo electrónico que jamás han podido examinar.
La criminalización del ejercicio profesional
Para la defensa, el punto más delicado del expediente es que la acusación sostiene que Moreno Suárez realizó actuaciones orientadas a favorecer la posición internacional de Gold Reserve Inc. dentro del arbitraje contra Venezuela. Según Loreto, esa afirmación equivale a criminalizar el ejercicio mismo de la abogacía.
Según explicó, lo que en el fondo se le imputa es que hacía todo lo posible por beneficiar a su cliente, es decir, por ejercer su profesión.
El abogado considera que este tipo de interpretación genera incertidumbre para todos aquellos que representan a empresas nacionales o extranjeras en litigios contra el Estado venezolano.
Un caso que trasciende la causa penal
Para la defensa, la combinación de una detención que consideran irregular, las limitaciones al derecho a la defensa, un proceso que sigue sin fecha de juicio y una prisión preventiva que, según sostienen, excede los plazos previstos por la ley convierte a este expediente en un ejemplo de las fallas del sistema judicial venezolano en causas de alta sensibilidad política.
Mientras la apelación permanece sin resolverse y el juicio todavía no ha sido convocado, Moreno Suárez continúa recluido en El Rodeo I. Más de tres años después de su arresto, el debate jurídico ya no se limita a los delitos que le atribuye la Fiscalía, sino que también pone en cuestión si el proceso ha respetado las garantías establecidas en la legislación venezolana y en los estándares internacionales aplicables a toda persona sometida a un proceso penal.
